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Miradas de género una cultura jurídica

Durante la última década, en México se ha registrado un aumento significativo en la denuncia de casos de mujeres periodistas víctimas de violencia, particularmente  entre 2009 y 2011.

De manera paradójica se observa que la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI han significado la ampliación en la esfera jurídica de protección de los derechos de las mujeres; así lo manifiestan en el ámbito internacional la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Ante esta situación, en México han surgido instrumentos como es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, en este mismo periodo han aparecido nuevas formas de violencia que atentan contra los derechos de las mujeres, su integridad y su pleno desarrollo, la más grave expresión de este tipo de conductas es el delito de feminicidio.

Sin embargo, es de reconocerse los avances que ha impulsado el Estado mexicano, desde una perspectiva jurídica para la promoción de los derechos de las mujeres, tal es el caso de la Reforma constitucional en materia de derechos humanos, a través de la cual se realizaron cambios fundamentales para la garantía y protección de los mismos.

Protección para defensores y periodistas

Ante la situación de violencia hacia las mujeres periodistas en México, organismos nacionales, regionales e internacionales han realizado informes que confirman las graves agresiones y violaciones de los derechos humanos que enfrentan las y los periodistas en México, a través de los cuales se han emitido recomendaciones dirigidas al Estado mexicano con la intención de emprender acciones eficaces para prevenir, atender, sancionar y reparar las agresiones contra periodistas.

Así, casi al término del sexenio de Felipe Calderón, en junio de 2012, se publicó la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual se considera un parteagüas para atender la situación de riesgo  en que viven las y los periodistas.

La ley estableció la creación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el fin de que “el Estado [atendiera] la responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”.

El mecanismo es considerado un avance para visibilizar la grave situación en la que las y los periodistas ejercen su trabajo, sin embargo, aún falta mucho por hacer para evitar agresiones y violaciones en derechos humanos dirigidos hacia el ámbito periodístico.